La candidata de CC al Congreso por la provincia de Las Palmas, María Fernández, y los candidatos de CC al Senado por Gran Canaria, Francis Candil y Ángeles Batista, se reunieron hoy con representantes sindicales de funcionarios de prisiones para hablar sobre los problemas que tienen
María Fernández reclamará al Gobierno central que modifique la normativa para dar a los funcionarios carácter de autoridad
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de 2019.La candidata de CC-PNC al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, María Fernández, junto con los candidatos al Senado, Francis Candil y Ángeles Batista, mantuvo hoy una reunión con representantes de los sindicatos de funcionarios de prisiones, Acaip, USO y UGT, en la sede de Coalición Canaria. Durante la misma, María Fernández aseguró que exigirá al Estado la modificación de la normativa para dotar al colectivo del carácter de autoridad, con el objetivo de incrementar su protección ante los casos de agresiones por parte de los reclusos.
Fernández subrayó la necesidad de una modificación normativa para que los funcionarios cuenten con este reconocimiento, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “de esta manera, la reforma implicaría que los presos que agreden a un funcionario de prisiones se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel”. La candidata destacó que cada día se produce una agresión en las prisiones españolas, sin incluir las de carácter verbal y las que no requieren de asistencia médica, y destacó: “Esta es una situación que hay que frenar, porque por encima de todo está la seguridad de estos profesionales, una situación a la que el Estado no está dando respuesta”.
Por otro lado, la candidata al Congreso afirmó que el problema del déficit de funcionarios en las prisiones es un problema que el Gobierno central ha convertido en estructural, y señaló: “Este colectivo está reivindicando cosas muy lógicas, más personal, no solo en vigilancia, también médicos, trabajadores sociales, enfermeros o psicólogos, porque, con una situación como la actual, no se contribuye a la reinserción de los presos”.
Por su parte, el representante de Acaip de la prisión de Salto del Negro, Ricardo Fuentes, afirmó: “No podemos realizar nuestra labor de reinserción con un psicólogo por 280 internos de Salto del Negro o por 300 internos en Juan Grande; no podemos tener una trabajadora social con 123 internos dentro de la prisión y 123 familias fuera de la prisión; no puede ser que un médico atienda a 300 internos. Disponemos de poco personal, muy envejecido, las próximas jubilaciones van a dejar desierto de personal las instituciones penitenciarias y estamos siendo castigados consecutivamente por los distintos gobiernos de ámbito estatal, lo fuimos con el ministro Zoido del Gobierno del Partido Popular y ahora con el ministro Marlasca del Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos agradecer a Coalición Canaria que nos haya escuchado y atendido, porque somos un colectivo oculto e ignorado por la Administración estatal”.