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Con 84.856 contratos indefinidos firmados en lo que va de año, el Archipiélago sigue situándose 3 puntos por encima de la media estatal en este indicador de estabilidad laboral.

El descenso interanual del paro se sitúa en un 7%, es decir, 15.576 desempleados menos entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.

Uno de los datos más llamativos es el crecimiento del número de afiliados. Canarias alcanzó en septiembre de 2018 la cifra más alta de la serie histórica con 803.010 afiliados (el siguiente dato más elevado se remonta a noviembre de 2007, con 802.700), lo que supuso un incremento de 27.185 afiliados (+3,5%) respecto a agosto de 2018.

La firma de los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) va a permitir impulsar y reforzar programas como los Planes Extraordinarios de Empleo, firmados ya con la FECAM con un presupuesto de 46 millones de euros, con los que se dará trabajo a colectivos de personas vulnerables: se calcula que más de 4.000 familias se verán beneficiadas por los proyectos municipales. Se trata de la convocatoria mejor dotada económicamente desde que se puso en marcha este programa.

La convocatoria de ayudas a municipios se dota con 7,2 millones de euros, 3 millones más que en el ejercicio anterior, destinados a contratar a unos 1.300 parados de larga duración en proyectos que deberán combinar formación y práctica profesional. Las subvenciones están dirigidas a enclaves con más de 1.000 personas desempleadas.

Añadimos 2 millones de euros extras para los cuatro municipios más poblados de Canarias y otros 2 millones de euros más para incentivar la contratación de menores de 30 años, personas con certificado de profesionalidad y parados de larga duración. A esto hay que sumar la partida de 7,2 millones de euros para los Planes de Empleo con los cabildos.

En el caso de los autónomos, entre 2016 y 2017 se pagaron 1.955 subvenciones de solicitudes de 2015 por importe de 10.789.866 euros y 266 subvenciones de solicitudes de garantía juvenil entradas en 2016 y 2017 por importe de 1.536.868,90 euros. En total, en estos dos años y agregando los colectivos, se abonaron 2.221 subvenciones por importe de 12.326.735 euros. En diciembre de 2017 se convocó un nuevo periodo de ayudas por valor de 10 millones de euros, que se cerrará a finales de este mes.

Hemos convocado por primera vez las ayudas a la movilidad y hemos insertado en los programas de Garantía Juvenil a un 44% de los jóvenes que están inscritos en el SCE. En la anualidad 2016 logramos una capacidad de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) de un 9,52%, por lo que el aumento porcentual se sitúa en un +34,22%: hemos sido la comunidad autónoma con mayor capacidad interanual para promover la inscripción de estos jóvenes.

Más de la mitad del presupuesto que gestiona el SCE se dedica a formar a las personas. La formación prioritaria para desempleados tiene un presupuesto de más de 44 millones de euros (3 millones más que el año anterior). De ellos, 27,4 millones se destinan al Programa de Formación en Alternancia con el Empleo, con el que se instruye y contrata a 2.000 personas en paro.

Para la integración laboral de las personas con discapacidad, a través de los Centros Especiales de Empleo, empresas de inserción e itinerarios de inserción, se destinan 7,2 millones de euros.

El Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales (ICCP) emitió casi 17.000 certificados en 2017, 2.000 más que el año pasado.

En el mes de junio de 2018 se aprobó la nueva Estrategia Canaria para la Activación del Empleo: un documento integrado en el que se ofrece una visión coherente y global de los retos y ejes de actuación para la mejora de las posibilidades de inserción laboral de los desempleados en las Islas, redactadas en un único marco, con objetivos coherentes, complementarios y consensuados con todos los agentes sociales. Este acuerdo facilita la planificación hasta 2020, prioriza un espíritu de transversalidad en las actuaciones y de colaboración interinstitucional, y recoge acciones que se alimentan y retroalimentan gracias a la colaboración público-privada.

Por primera vez, se reúne el Consejo de Emprendimiento y Apoyo al Trabajo Autónomo, muy demandado por las asociaciones de autónomos, y se eleva la Ley de Cooperativas al Consejo Económico y Social.