Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2019. El Grupo Nacionalista Canario ha presentado cinco Proposiciones No de Ley (PNL) por las que se insta al Gobierno de Canarias a reclamar al Estado el cumplimiento de sus compromisos adquiridos en materia de Aguas y Obras hidráulicas.
En primer lugar es imprescindible que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras hidrológicas, inversión programada y acordada en el Convenio de Obras hidráulicas, en 900 millones de euros en los próximos 12 años, de la que correspondían 40 millones en 2018, cantidad que no fue transferida, y otros 40 millones en 2019 para los que no se ha firmado el acuerdo ni transferido los fondos.
En cuanto a las obras de regadío de interés general del Estado, el Grupo Nacionalista ha presentado una PNL por la que se pide al Gobierno de Canarias a instar al Estado a agilizar la financiación y contratación de las obras de modernización y mejora de la zona sudoeste de La Palma (Breña, Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente), la modernización y mejora de la red de riesgo de El Golfo, en el Hierro; y de la zona sudoeste de Tenerife, más concretamente los municipios de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.
Asimismo es necesario que el Estado cumpla con sus compromisos en materia de depuración de agua y por tanto se transfieran cuanto antes los 10 millones de euros que se contemplan en el Programa 452ª del Ministerio de Transición Ecológica mediante la firma del Convenio correspondiente entre ambos Gobiernos. Por esta razón desde el Grupo Nacionalista hemos presentado una PNL en este sentido, para que el Gobierno de Canarias inste al Estado a hacer posible esa transferencia.
Por otra parte es necesaria la inversión prevista de 5 millones de euros para financiación de plantas potabilizadoras en Canarias que haga posible la implantación del segundo ciclo de Planificación hidrológica que permitirá mejorar las condiciones ambientales de las aguas costeras y subterráneas, completar el sistema de reutilización de agua depurada para generar más recursos hídricos para la agricultura de las islas y reducir de manera paulatina el agua regenerada que se vierte al mar y pueda ser utilizada en otros fines
Por último, planteamos la necesidad de exigir al Estado la habilitación del procedimiento que considere legal y oportuno para transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los 8 millones de euros para agua de pozos, también contemplada en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta partida permitiría que se moderaran los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la elevación de pozos y galerías.