CC reprueba que el Gobierno no ejecute 66 millones de € en políticas sociales en el peor año para Canarias

Los nacionalistas canarios piden “más gestión y trabajo” para responder a la brecha social de las Islas

Canarias a 1 de marzo de 2021 

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, reprochó este lunes que el Gobierno de Canarias dejara sin ejecutar 66 millones de euros en 2020 en el área social cuando las Islas “atraviesan la peor crisis social y económica de su historia”.

Al respecto, señaló que “es injustificable que sobre dinero mientras las ONG´s anuncian cierres por falta de financiación, los servicios sociales municipales están colapsados y los bancos de alimentos en las Islas atienden a 300.000 personas”.

El líder nacionalista exigió al Gobierno canario “gestión y trabajo para gastar ejecutar hasta el último céntimo de euro en un área esencial como la de Derechos Sociales” y lamentó que el Ejecutivo “no solo rechazara adaptar el presupuesto de 2020 para atender a la crisis socioeconómica sino que haya sido incapaz de ejecutar su presupuesto”.

Fernando Clavijo insistió en que los nacionalistas canarios “hemos tendido la mano y hemos aportado propuestas para impulsar la economía y frenar la destrucción de empleo y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario porque nos debemos a los dos millones de canarios y canarias”.

La portavoz de Coalición Canaria-PNC, María Fernández, sostuvo que “no hay excusas para dejar de ejecutar 66 millones de euros en políticas sociales. El personal es insuficiente y lo era también en la anterior legislatura, pero no es excusa. La no ejecución prespuestaria en un área como el social no se limita a la falta de personal es culpa de la falta de gestión y de voluntad política de la consejera de Derechos Sociales”.

Fernández denunció que “mientras se han quedado guardados en los cajones del Gobierno de Canarias 66 millones de euros hay gente en la calle en esta tierra que lo está pasando mal, que tiene serias dificultades económicas derivadas de la brutal crisis social y económica” y lamentó que “este Gobierno no pase a la acción y se permita el lujo de asegurar que estos recursos no se pierden, o como mucho se podrían perder 20 millones de euros. Los canarios y canarias necesitan apoyo, necesitan respuestas de las administraciones y las necesitan ahora, no cuando le venga bien al Ejecutivo autonómico”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, Cristina Valido, insistió en la necesidad de “reconducir” la política en materia social en las Islas y reprochó que “por primera vez en la historia este Gobierno no pagara a los ayuntamientos los fondos para la intervención en infancia y familia, obligando en muchos casos, al despido del personal para estos programas en las corporaciones municipales”.

“Lo peor de todo -añadió Valido- es que esta falta de gestión sucede en el peor año para las familias canarias en muchas décadas” y se refirió, además, a otras iniciativas que también “han fracasado”, tales como el Ingreso Canario de Emergencia, que “llegó tan solo a 16.000 familias “cuyo destino y única convocatoria en abril de 2020 se dirigía solo a quienes no habían cobrado en marzo, mientras más de 100.000 canarios solicitaban el Ingreso Mínimo Vital del Estado. En este sentido, señaló “con la mitad del dinero sin ejecutar por Derechos Sociales en 2020 se podría haber abonado el Ingreso Canario de Emergencia a casi 80.000 familias que desde abril no tienen recursos”.

Asimismo, la secretaria de Derechos Sociales se refirió a la situación de las ONG´s en las Islas y apuntó que “muchas no tienen otra salida que el cierre porque no solo no dan abasto sino que hay 40 millones de euros en subvenciones no resueltas o sin convocar”. Valido criticó la “falta de sensibilidad de un Gobierno que está muy lejos de responder a la situación de vulnerabilidad social y económica que atraviesan las islas, con los bancos de alimentos atendiendo a más de 300.000 personas, los albergues de atención desbordados, así como, los servicios municipales y todo esto dejando sin ejecutar 66 millones de euros”.