Fuerteventura, a 18 de junio de 2018. El Consejo Político Insular de Coalición Canaria Fuerteventura, que se reunió el pasado jueves por la noche, acordó emprender acciones en las distintas instituciones de cara a frenar los efectos y conseguir anular la Orden DEF/635/2018, de 31 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela» que fue publicada el 13 de junio en el BOE.
Esta Orden del Ministerio de Defensa viene a establecer la denominada zona de seguridad de la instalación militar de más de 3 millones de m², ampliando aproximadamente en un 20% (500.000 m²) la superficie anteriormente señalada (2’5 millones de m2), que además alberga en su recinto el Centro de Internamiento de Inmigrantes de El Matorral.
Esta declaración de ahora, vía Orden del Ministerio de Defensa, se lleva a cabo después de que la Audiencia Nacional estimara los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias a una anterior Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, en la que ya se señalaba una zona de seguridad de la instalación militar mencionada.
Para Coalición Canaria en Fuerteventura, lo peor es que una vez anulada dicha Orden de 2013 por las sentencias de la Audiencia Nacional de 11 y 18 de marzo de 2015, “el Ministerio de Defensa no sólo no ha buscado el diálogo y el consenso con vecinos y administraciones para la nueva delimitación, sino que ha optado por imponerla, además con un sensible incremento de superficie”, indicó el secretario insular de CC, Mario Cabrera.
Advertimos que dicha ampliación no sólo afecta ya al vecindario de El Matorral ni a los márgenes de la actual carretera FV2, sino que se extiende sobre el entorno de Llanos de La Mareta. Incluso incide en las previsiones del PGOU de Puerto del Rosario para la misma, y hasta al trazado previsto para el tramo de la futura autovía de Fuerteventura.
Desde Coalición Canaria entendemos que lejos de corregir la acción recogida en la Orden del Ministerio de Defensa de 2013, ahora se ha optado por ir más allá, imponiendo una superficie incluso mayor que la anulada por la Audiencia Nacional en sendas sentencias que dieron la razón en sus reclamaciones a las instituciones canarias.