Barragán: “A pesar de la política del Estado el Gobierno de Clavijo sí planificó las obras de carreteras, las previstas y las que están en marcha”

No se puede entender la gestión de las carreteras en Canarias sin tener en cuenta los vaivenes políticos del Estado

 Canarias, a 9 de agosto de 2019. El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha destacado esta mañana que “el Gobierno de Fernando Clavijo sí planificó las obras de carreteras, las previstas y las que están en marcha”, pero no se puede entender esta gestión sin tener en cuenta  los vaivenes políticos del Estado y el papel, tanto del PSOE y del PP “que de manera generalizada han mostrado escaso interés en que Canarias recibiera lo que le correspondía en virtud de los convenios firmados”.

En este sentido, Barragán ha querido recordar que en la etapa de Coalición Canaria al frente de la consejería de Obras Públicas y Transportes, entre 2017 y 2019, se negoció con dos gobiernos del Estado un nuevo convenio de carreteras, se acordó con los cabildos la planificación de las vías necesarias en cada isla, se actualizaron los proyectos obsoletos y se licitaron y adjudicaron obras por 500 millones de euros; dejando listos para licitar otro grupo de obras por 200 millones. Todo ello en tan solo 2 años y medio; partiendo casi de cero en lo que planificación se refiere, dado que “cuando asumimos la consejería de manos de los responsables socialistas no había ni un solo proyecto actualizado y en condiciones de ejecutarse, es más ni siquiera se encontraban en el proceso de actualización”, explicó.

Todas estas dificultades no se pueden entender sin tener en cuenta los recortes en el convenio de carreteras, impulsados por el Gobierno del Partido Popular,  entre 2012 y 2016, que  hizo que todas las obras se ralentizasen y los proyectos se quedaran desfasados económicamente y en algunos casos también técnicamente, puesto que en ese tiempo hubo cambios de normativa y avances tecnológicos.

Hay que destacar que el trabajo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y la importancia de la agenda canaria pactada con el Gobierno de Rajoy parecieron vislumbrar una solución después de la discriminación económica que padecimos todos los canarios, pero los vaivenes políticos hicieron que los socialistas asumieran el gobierno y “volvimos a la casilla de salida” ya que nos encontramos a principios del verano pasado, sin convenio de carreteras nuevo, por lo que no se podían adjudicar obras, “y aun así el Gobierno de Canarias comenzó los procesos de licitación de la Carretera de La Aldea o el enlace de Las Chafiras entre otras obras”, aclaró el portavoz nacionalista.

Como se recordará no fue hasta el 22 de diciembre de 2018 cuando se firma el nuevo Convenio de Carreteras por un montante de 1.200 millones de euros, que da posibilidad jurídica para adjudicar nuevas obras y a partir de ahí se licitaron y adjudicaron en Canarias las obras de carreteras de mayor cuantía de todo el Estado: la segunda fase de la carretera de La Aldea, el cierre del anillo insular de Tenerife, entre otras; todo ello por un valor de unos 500 millones euros.

Además, se realizaron los proyectos, incluso con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, como el tramo La Caldereta – Aeropuerto y el semienlace de Parque Holandés, en Fuerteventura; la nueva fase del tramo Ofra – El Chorrillo, en Tenerife; y Los Llanos – Tijarafe, en La Palma; entre otros. Una serie de obras listas para licitar por una cantidad de 200 millones de euros que sumados a los 500 anteriores, haría que más del 50% del Convenio de Carreteras estuviera licitado y adjudicado en sus primeros 18 meses.

Gracias a la gestión del Gobierno de CC-PNC estos avances han sido posibles, “ha sido un éxito de la gestión a pesar de los intentos políticos, unas veces por parte de PP y otras veces por parte del PSOE, de echar por tierra lo conseguido por el Gobierno de Fernando Clavijo, en un clima político, ciertamente, complicado”, insistió Barragán quién consideró que  “sería bueno recordarle al actual Gobierno de Canarias que existe una deuda del Gobierno de España, de más de 1.000 millones de euros por los incumplimientos del Convenio de carreteras entre 2012 y 2016, que se ha ganado en los juzgados, y que “no es responsabilidad de ningún gobierno de CC-PNC”, concluyó.